La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 11 de abril que procederá penalmente contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) por la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Garduño habría incumplido con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, detalla la FGR en un comunicado.
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En esta denuncia se incluyó a otros cinco funcionarios del organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Entre ellos Antonio López Díaz, quien hasta hoy se desempeñaba como director general de Control y Verificación, a quien también se le responsabiliza de no cumplir con sus obligaciones para brindar seguridad a las personas en contexto de movilidad.
Al resto de los servidores públicos, identificados como Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, la FGR los señala de estar directamente relacionados “con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”.
La FGR basa su acusación en contra de Francisco Garduño y compañía, en que, de acuerdo con su investigación, en marzo de 2020 se dio un incidente similar al de Ciudad Juárez en una instalación migratoria en Tenosique, Tabasco, en el que resultó una persona muerta y 14 lesionados.
Ese hecho, señala la FGR, generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que “indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Además, “los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.
Indicó también que la empresa privada Camsa y el INM fueron omisos en capacitar a su personal, así como cometer faltas administrativas tales como el no cumplir con una licitación pública para acordar el servicio, lo que generó un costo doble de lo que normalmente se paga, y no inscribir a sus trabajadores al IMSS.
Por lo anterior, es que la Fiscalía General de la República determinó fincar responsabilidades a las personas señaladas, con quienes ya suman nueve funcionarios públicos acusados en este caso, además de dos guardias de seguridad privados y un migrante de origen venezolano, quien habría sido el responsable de iniciar el fuego.
De ellos, tres funcionarios ya se encuentran vinculados a proceso, así como un elemento de la empresa de Camsa y el migrante venezolano.
Este martes, luego de dos semanas del incidente, el comisionado Garduño apareció otra vez en público en Ciudad Juárez, donde encabezó en el aeropuerto de esa entidad la repatriación de los cuerpos de 23 migrantes guatemaltecos y hondureños, quienes serían entregados a sus familias.