Con el voto de Movimiento Ciudadano, Morena y los aliados del Partido Verde Ecologista (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), se aprobó en lo general con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, la Ley Minera que envió el presidente.
El diputado Santiago Creel votó de viva voz vía remota a favor; sin embargo, luego de la votación, se informó que había un error y a través de un oficio, se informó que el voto del presidente de la Mesa Directiva sería en contra.
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El dictamen propuesto por los diputados de Morena, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, Aleida Alavez Ruiz y del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, también reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
El diputado Rodríguez González, manifestó que la reforma representa una legislación integral como una visión holística a partir de la plena vigencia del artículo 27 de la Constitución, que establece la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas en su territorio y el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales.
De esta manera acabar con un régimen neoliberal de concesiones mineras y de agua que inicia a partir de la reforma al artículo 27, del año 1992.
La presente iniciativa busca haber de la minería una actividad que genere riqueza para la nación, contribuya al desarrollo de las zonas mineras de México, garantice la protección al medio ambiente y de los derechos humanos.
En la Ley Minera se elimina el término de terreno libre y primer solicitante, el carácter preferente de la actividad minera, el derecho de las personas titulares a obtener la expropiación, de un terreno para la explotación minera.
Se estable también, la obligación de determinar sus impactos sociales de cada concesión minera, la consulta previa al otorgamiento al título de concesión libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La iniciativa contempla la duración de 30 años de los cuales cinco años son para actividades preoperativas y 25 años de explotación efectiva, además la concesión plantea que se prorrogue de 25 años, que permita al concesionario mantener la titularidad hasta por 55 años.
Al concluir los 55 años, el concesionario puede participar en la licitación del mismo lote por un periodo de 25 años, si cumple con toda la normatividad, puede llegar a tener una concesión de hasta 80 años.
Se castiga la inactividad o la especulación, con la cancelación de los permisos si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en la mina.
En tanto, Los diputados de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera; del PRD, Mauricio Prieto Gómez y del PAN, Patricia Terrazas del PAN, presentaron mociones suspensivas que fueron rechazadas por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Al posicionar los partidos políticos, el diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, señaló que la ley dejó fuera a los pueblos originarios, a la pequeña y mediana minería, porque se acordó un proyecto, que reconozco que tiene avances, tiene un defecto central, va hacer que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento.
Ese problema lo encontramos en los artículos 10 y 10 bis, que le da la facultad al servicio geológico mexicano y la condición monopólica, de ser el único encargado de la exploración, “déjenme decirles cuánto cuesta y cuánto costó en el 22 la exploración al sector privado, costó 700 millones de dólares y saben cuál es presupuesto del Servicio Geológico Mexicano, de 50 millones de dólares”.
La diputada, Laura Patricia Contreras Duarte, del PAN, expresó que, con las prisas para aprobar la reforma, se dejó de escuchar a cientos de personas que es su sustento diario y quienes depende de la industria minera, “ustedes dicen defender al pueblo al que todos los días lo engañan”.
La diputada Raquel Bonilla Herrera, aseguró que con esta reforma se garantiza que los beneficio sean destinados a las comunidades y no intereses particulares, además de que los recursos obtenidos serán también para llevar a cabo la reparación de los impactos ambientales ocasionados por la actividad minera al medio ambiente, salud social, económico y que por tal motivo es trascendental y que las inversiones protejan al sector social.
Al posesionar por el Partido Verde Ecologista, Ciria Yamile Salomón, manifestó que es urgente corregir los vacíos legales que han permitido toda clase de abusos por parte de los dueños de las minas en detrimento de la nación y del interés colectivo.
Indicó que, entre los múltiples cambios propuestos, resalta el hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas al establecer que deberán de ser consultados previamente al otorgamiento de cualquier concesión.
Además, se garantiza la compensación de las comunidades ubicadas en el terreno concesionado con el 7 por ciento de las ganancias, considerando también los costos pagados al Estado; la cantidad propuesta es la resultante de restar las sumas cubiertas por el concesionario por concepto de contribuciones no deducibles al resultado fiscal al que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Reginaldo Sandoval Flores, del PT, aseguró que con esta reforma se va a poner orden a la minería, “no hay forma de decir no a esta iniciativa”.
Esta reforma busca recuperar la rectoría del Estado, sobre los recursos minerales de hídricos que se encuentren en el subsuelo mexicano, así como hacer cumplir de sus obligaciones a las empresas privadas.
Cambios
La legislación anterior establecía una duración de 50 años para las concesiones mineras y en la propuesta que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados se proponía que tuvieran una duración de 15 años, sin embargo, en la dictaminación se duplicó el tiempo.
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Con la reforma, la duración de las concesiones mineras se reduce de cincuenta años a treinta, de los cuales cinco se destinarán a la exploración o actividades preoperativas. Las concesiones podrán prorrogarse en una ocasión por un lapso de 25 años, siempre y cuando no hayan incurrido en las causales de cancelación.
También limita a los concesionarios respecto a la expropiación de terrenos para explotación minera, pues se cambia la redacción de “obtener la expropiación” a “solicitar la ocupación temporal”, es decir, que les quita el derecho y lo sustituye por una posibilidad.
