El pasado 9 de noviembre, la jueza del Décimo Quinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, Rosa Montaño Martínez, ordenó retirar la orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont, quien se vio envuelta en un escándalo, donde se le interpuso una orden de arresto por evasión de impuestos.
Hasta el momento, Gómez Mont no ha publicado nada sobre la decisión de la juez, por lo que se espera que en los próximos días pudiera brindar alguna declaración ella o sus abogados.
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Investigación
La Fiscalía mexicana investiga a la pareja, y a otra decena de personas, por presuntamente beneficiarse de contratos ilegales por parte de la Secretaría de Gobernación. Las autoridades estimaron que el desfalco ascendía hasta los 2.950 millones de pesos, unos 145 millones de dólares.
Todo inició en septiembre de 2021, cuando un juez del Centro de Justicia Penal, con sede en el Almoloya de Juárez, Estado de México, giró una orden de aprehensión en contra del matrimonio Álvarez-Gómez Mont por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Familiares en contra
Cuando la conductora y su familia huyeron del país, Tita Bravo, ex suegra de Gómez Mont, aseguró que la pareja estuvo escondida en el sur de México, al menos hasta mayo de 2022, pero la información no fue corroborada.
En su momento, la abuela de Inés y los trillizos Javier, Diego y Bruno, primogénitos de Javier Díaz, dejó en claro que sus fuentes podrían haberse equivocado y en realidad tanto su ex nuera como su actual esposo podrían haber estado en Miami, Estados Unidos.
¿Cuál es el cargo que le falta enfrentar?
La investigación que sigue vigente es la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita; puesto que durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018), Inés y Víctor Manuel habrían utilizado empresas para lavar dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaran contratos sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).
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La pareja fue acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).