La agencia de Estados Unidos de protección (FTC por sus siglas en inglés) demandó a Kochava, una empresa de recolección de datos, por vender información de geolocalización de cientos de millones de celulares que revelan las visitas de mujeres que visitan clínicas abortivas.
La agencia, que presentó su demanda este lunes, apunta que esos datos, que permiten ver también las visitas a refugios de violencia doméstica o a centros de desintoxicación, exponen a sus dueños a una posible discriminación, pérdida de trabajo, estigma o incluso violencia física.
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La FTC subraya que la gente desconoce que sus datos de localización están siendo comprados y compartidos por Kochava y apunta que no tienen control sobre su venta o uso posterior.
La compañía tiene su sede en Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, y compra gran cantidad de información de ubicación derivada de cientos de millones de teléfonos celulares. Después la empaqueta en fuentes de datos personalizadas que, según la agencia de protección del consumidor, pone a los usuarios en riesgo.
La FTC concluye que Kochava no protege los datos de forma adecuada de la exposición pública, lo que facilita que cualquiera pueda obtener gran cantidad de información sensible y usarla sin restricciones.
La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Idaho y evidencia la facilidad con la que es posible ver si el dueño del teléfono ha acudido a una clínica de salud reproductiva o identificar a los profesionales que trabajan en esos centros.
El posible mal uso de esos datos hace saltar las alarmas después de que el Tribunal Supremo derogara el pasado 24 de junio la protección del derecho al aborto a nivel federal, en vigor desde 1973, y permitiera en consecuencia que cada estado pueda decidir si permite o no esa práctica.
Persiguen por internet a mujeres que abortan en EU
No es poca cosa las acciones de la empresa Kochava, recientemente se han dado a conocer casos en que los datos de los usuarios que almacenan las compañías tecnológicas están siendo usados en Estados Unidos para acusar de un delito, incluido el de abortar.
La entrega a un juez de un chat privado en Facebook que sirvió para una acusación de aborto en Nebraska levantó las alarmas en este país que carece de una ley de protección de datos. Y esto se produce cuando muchos estados están restringiendo el aborto o lo prohibieron después de que la Corte Suprema de EU acabara con la protección constitucional de este derecho reproductivo.
Las aplicaciones, las páginas web y los propios dispositivos móviles recopilan una gran cantidad de información de los usuarios a las que las autoridades en EU pueden tener acceso, debido a que no existen leyes federales o estatales que regulen la privacidad de estos datos.
Basta con una orden judicial para que las compañías tecnológicas entreguen a la Policía información que puede “revelar información muy sensible” o darla a entender, “como por ejemplo si una persona estuvo embarazada”, explicó Caitlin Chin, investigadora del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales.
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Los más preocupante es que en los últimos años, las autoridades de EU han acudido cada vez más al sector privado para obtener información, lo que provoca que el mismo Estado actúe como inquisidor.
Uno de los casos que más causó indignación fue la colaboración de Facebook con Estados Unidos em una investigación de la policía en un caso de aborto, una actitud que provocó acusaciones de que la plataforma es una herramienta para reprimir esta práctica.
Las autoridades también se saltan a intermediarios. Según un informe de la ONG Upturn, miles de departamentos de policía del país usan herramientas forenses que les permiten extraer todos los datos de un dispositivo móvil, y en muchos casos no esperan a obtener una orden judicial para inspeccionar los celulares.
En el Congreso ha habido varios intentos sin éxito de aprobar normativas que aumenten el derecho a la intimidad y limiten el uso que se puede hacer de los datos recopilados en redes o en los móviles.
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“No hay mucho que puedas hacer para protegerte que no sea lanzar tu teléfono móvil al mar. Y esa no es una opción para muchos de nosotros”, dijo a Efe India McKinney, directora de Asuntos Federales en la fundación Electronic Frontier.
