Morena propone responsabilidad patrimonial en hechos violentos cuando no funcione C5 – El Occidental

Para darle mayor certeza a los ciudadanos ante la situación de inseguridad que se vive en la entidad, la diputada local de Morena, María Padilla Romo, presentó una iniciativa para que sea el estado y los municipios quienes paguen daños a terceros por el mal funcionamiento de las cámaras de videovigilancia C5.

En pasada sesión, la morenista dio a conocer su iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial, en donde se delimita que los daños provocados por un hecho violento, en donde no funcione el C5 y no se capture a ningún responsable, sean las autoridades quienes asuman los costos de sus omisiones.

“La presente iniciativa tiene que ver con los daños colaterales que dejaron los hechos violentos en Andares, Providencia o como en Tonalá, donde la Policía Metropolitana se enfrentó a balazos con un grupo del crimen organizado, pero también tiene que ver con los coches incendiados en el último narcobloqueo en la ciudad y de tantos casos que han acontecido de los que no sabemos qué sucedió”.

Para entender la problemática de la situación, la morenista recordó el caso de Iván, el guardia de seguridad que quedó herido tras los hechos de Andares. Detalló que si bien sigue delicado de salud, ha trascendido que tiene una deuda de casi un millón de pesos en gastos médicos.

En este aspecto recordó, y criticó, el nulo funcionamiento de las casi 800 cámaras del gobierno de Jalisco, las 118 del ayuntamiento de Guadalajara y las 334 de Zapopan, para dar con los responsables de estos hechos. De ahí la importancia de las reformas, agregó, ya que por acción u omisión hay una responsabilidad patrimonial que debe ser cubierta por quienes no son capaces de proporcionar seguridad a la ciudadanía.

“Que el estado le cobre a los funcionarios omisos, a los que no hacen nada por la tranquilidad de los ciudadanos. De esta manera podrán entenderse (también) como daño colateral las afectaciones psicológicas o psiquiátricas que provocan los actos de violencia”.

Dijo que en este caso ya está prevista esta disposición, aunque con la reforma solo añaden una vinculación más de responsabilidad a fin de que el estado responda por sus omisiones, y así el mismo o municipios puedan ir contra los funcionarios públicos responsables, para que sean ellos quienes repongan el dinero que sirvió para el pago de la indemnización.

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